Más daño y sufrimiento para las trabajadoras y trabajadores interinas en fraude de ley provocado por los altos tribunales de justicia española.
El tribunal supremo vuelve a embarrar y retorcer el conflicto intentando dilatar más la resolución del problema y prolongando el sufrimiento de centenares de miles de personas que llevan décadas sufriendo la precariedad laboral y personal en las administraciones públicas. La justicia española vuelve a echar un pulso al Tribunal de Justicia Europeo, intentando que este se posicione al respecto de la normativa española, que no europea, referida al acceso a la administración pública en España, los principios de igualdad, mérito y capacidad, principios que se “saltan a la torera” siempre que les interesa a unos y otros, por ejemplo cuando se trata de las libres designaciones de jefes (a dedo), las comisiones de servicio arbitrarias o las adscripciones provisionales a categorías superiores que se eternizan en el tiempo en las distintas AAPP, vulnerándose claramente los principios que tanto defienden de igualdad mérito y capacidad. Todo ello pese a que los tribunales ordinarios ya están dando la fijeza a las trabajadoras y trabajadores abusados en base a la sentencia europea.
El tribunal conoce perfectamente que hay sobrada jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español en la que admite que, en casos excepcionales, por motivos justificados y por una sola vez, estos principios de igualdad mérito y capacidad, que se pueda flexibilizar y modificar para que sean concernientes exclusivamente a un sólo grupo o colectivo. También sabe el tribunal Español que en Europa no existe este precepto para la administración pública, y por tanto lo que tiene que valorar el tribunal europeo es la existencia o no de incumplimiento de las normas europeas, que es lo que ha hecho reiteradamente al sentenciar por activa y por pasiva que España incumple flagrantemente y durante décadas la normativa europea de contratación, y esto afecta tanto a funcionarios como a laborales en fraude de ley.
Por tanto, no entendemos como el tribunal supremo sigue provocando la polémica y enrevesando de forma innecesaria este enorme problema que tenemos en España, salvo que obedezca a motivos diferentes a que se haga definitivamente justicia con estos centenares de miles de personas en su mayoría mujeres abusadas sistemáticamente.
Para finalizar, hacemos de nuevo un llamamiento al Gobierno español para que modifique de una vez por todas las leyes y normativas con el fin de que no queden dudas en la Ley y se aplique de una vez la normativa y recomendaciones europeas que obligan a todos los estados miembros y sus tribunales. La única finalidad tiene que ser la fijeza de todo el personal abusado conforme a la normativa europea, todo lo que no sea eso es injusto.
AVISO: De no tomarse medidas cautelares o definitivas adecuadas, nos tememos que las distintas administraciones van a seguir con los procedimientos y procesos en marcha que están causando daños muy graves, como ceses/despidos de personas abusadas que ya están amparadas por la normativa europea. Hay que regular y exigir que, si se continua con los procesos, no puede haber ningún despido de personas que están en fraude de ley según la normativa y sentencia europea.
La demora en la solución está provocando más sufrimiento a las 800.000 personas abusadas.
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