Nueva Sentencia del TJUE: Urge Proteger a las personas interinas abusadas por las Administraciones Públicas españolas
Madrid, 25 de junio de 2024
Hace una semana, una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dejado claro que los poderes públicos del Estado están incumpliendo la normativa europea respecto al histórico y escandaloso fraude de ley que, reiteradamente, se ha producido en las administraciones públicas durante décadas.
Es momento de poner fin al uso de las personas interinas como si fueran juguetes rotos, manipuladas por administraciones, gobiernos, jueces, sindicatos y abogados que se benefician a costa del miedo y la precariedad. La última sentencia del TJUE exige claramente la protección de las trabajadoras y los trabajadores abusados. Hasta ahora, no se han implementado medidas suficientes para evitar y castigar el abuso, y se sigue manteniendo que la fijeza (indefinición con garantía de empleo) es una opción válida, ejemplarizante y disuasoria. Sin embargo, los poderes públicos españoles continúan buscando subterfugios absurdos e injustos para eludir esa fijeza.
Conviene recordar que en el año 2000 se consumó la primera traición a las interinas e interinos, con la firma de un acuerdo entre las dos principales centrales sindicales y el ministro Montoro, planificando su despido a corto y medio plazo. Posteriormente, gracias a las denuncias de algunos sindicatos (pocos, la verdad) y a las demandas de las personas trabajadoras afectadas, se hizo público el tremendo fraude existente, que va radicalmente en contra de la normativa europea.
Ahí comenzó el calvario del referido colectivo, la mayoría mujeres de edad laboral avanzada, abusadas durante décadas. Poco a poco, los cómplices necesarios de la creación y mantenimiento del fraude han ido reculando frente a la aplastante evidencia y el sonrojo continuo que les debería provocar la aplicación de la normativa europea, que es prevalente sobre la normativa nacional, incluida la Constitución española.
A mediados de 2024, seguimos sin medidas disuasorias suficientes, echando a personas a la calle a una edad que las aboca al paro eterno. El TJUE ya no sabe cómo decírselo a jueces y gobiernos. Da la sensación de que en nuestros tribunales hay un trasfondo de arrogancia y prepotencia que les impide subordinarse a la normativa europea, buscando cualquier excusa, justificación y pretexto para intentar, por cualquier medio, prevalecer.
Desde el primer día, Somos Sindicalistas ha entendido que la solución es mantener el empleo de las afectadas y los afectados, utilizando cualquiera de las fórmulas existentes que conserven los mismos derechos y obligaciones que sus compañeros funcionarios o laborales de carrera. Nadie debe quedar en la calle. Estos son puestos estables de estructura. Hay fórmulas sencillas. Es hora de legislar y aplicar la norma.
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