Se ratifica ya de forma irrefutable, tras la sentencia del tribunal europeo del pasado día 19 de marzo, que hay que ofrecer a las trabajadoras y trabajadores que están en fraude de ley en las AAPP una solución distinta a la que hay en la mesa actualmente, esto pasa por: reconvertir su relación temporal en fija, mantener su situación actual pero igualando sus derechos a los del resto de personal hasta extinguir sus plazas o indemnizarles por el cese, como en cualquier otro despido improcedente, y también por los posibles daños ocasionados. Tanto los dirigentes de las AAPP, como los sindicatos mayoritarios y los distintos responsables políticos que han gobernado han quedado en evidencia ante las autoridades europeas y toda la ciudadanía por incumplimiento normativo y fraude de ley en la contratación de cientos de miles de trabajadores durante décadas.
La humanidad tiene encima la mayor crisis sanitaria masiva conocida en los últimos tiempos que se va a transformar en una crisis social y económica de magnitudes incalculables. Esta crisis está dejando al descubierto las carencias de medios y servicios públicos debidos, entre otras cosas, a los recortes de puestos de trabajo, los medios para desempeñarlos y las privatizaciones y externalizaciones de servicios públicos. Las trabajadoras y trabajadores temporales e interinos en fraude de ley están trabajando frente a esta crisis de manera idéntica a la que lo hace la parte de la plantilla que sí es fija, que se están jugando la salud, incluso la vida, para mantener servicios públicos esenciales e intentar salvar la de muchas otras personas. En la primera línea de la lucha contra el coronavirus están los Servicios de Urgencias Hospitalarias, quizá el colectivos más representativos del fraude de ley, el abuso y la precarización de todas las AAPP, con un porcentaje de temporalidad superior al 80% en unos puestos de trabajo que nadie puede discutir que son esenciales y permanentes; esa temporalidad es tan alta de manera intencionada, mermando su capacidad de reivindicación o queja, bajo la posibilidad de cese y/o no volverse a contratar, dada la excepcionalidad de sus horarios y turnos de trabajo brutales (no sólo ahora, que lo hacen muy por encima de sus obligaciones para intentar cumplir con las necesidades de esta emergencia sanitaria, a diario).
Las trabajadoras y trabajadores afectados y algunos sindicatos alternativos hemos conseguido que se visibilice el ERE (con despido libre y gratuito) que se pretende ejecutar y se conozca la magnitud del fraude de ley en la contratación de las AAPP en nuestro país, esto ha sido posible por la lucha incansable en las calles, redes sociales y los tribunales realizada en la defensa de los puestos de trabajo y de un servicio público de calidad. Ahora es más necesaria que nunca la movilización y lucha de las personas afectadas y el resto de la ciudadanía y organizaciones que apoyamos sus reivindicaciones.
Ante la situación crítica que vivimos, reiteramos que el Gobierno Español tiene que solucionar de una vez este gravísimo problema que, si no se remedia de forma adecuada, va a suponer tener cientos de miles de personas defendiendo sus derechos, llenando las calles y saturando los tribunales de justicia, con un enorme coste económico, social y humano; todo este sufrimiento es evitable.
Por tanto, reiteramos que la mejor solución a corto plazo es paralizar y descartar definitivamente los procesos de estabilización de empleo, sacar la oferta de empleo de todas las plazas vacantes que no estén ocupadas por trabajadores en fraude de ley y regular mecanismos y sanciones para que eviten que las administraciones, y las personas responsables de su gestión, incurran nuevamente en fraude de ley en la contratación. Con estas medidas garantizamos la paz social del colectivo, mantendremos los puestos de las personas que los ocupan, evitamos las indemnizaciones enormes que tendrían que pagarse con dinero público, el colapso de los tribunales de justicia, el paro de todos aquellos que se queden en la calle y la exclusión social en la que podrían caer cientos de miles de personas afectadas.
Las trabajadoras y trabajadores que sufren la amenaza de despido en las AAPP llevan décadas luchando, y siguen haciéndolo, en la defensa del servicio público de calidad y acumulando experiencia y conocimientos que no debemos permitir que se pierdan.
