España vuelve a enfrentarse a la oleada de incendios forestales 2026. Montes arrasados, pueblos evacuados, viviendas afectadas y cientos de profesionales trabajando durante jornadas extremadamente exigentes para contener incendios cada vez más difíciles de combatir.
Pero cuando llegan las llamas casi toda la atención se concentra en los medios desplegados, las hectáreas quemadas y la evolución del incendio. Mucho menos se habla de las personas que están detrás de esos medios.
Y sin trabajadores no hay prevención ni extinción.
Los datos de 2026 vuelven a demostrar la dimensión del problema. Según el avance provisional del Ministerio para la Transición Ecológica, hasta el 9 de agosto se habían registrado 6.657 siniestros forestales y más de 201.000 hectáreas afectadas, con 38 grandes incendios. El propio Ministerio elevaba posteriormente la estimación, utilizando datos del sistema europeo EFFIS para los incendios todavía no extinguidos, hasta unas 240.785 hectáreas y 42 grandes incendios a 14 de agosto.
Son cifras que obligan a hablar de prevención. Pero también de empleo, seguridad y condiciones laborales.
Prevención y balance de los incendios forestales 2026
Cada verano se repite una imagen parecida: cuando aparece un gran incendio se movilizan medios terrestres, aeronaves, brigadas, bomberos forestales, agentes medioambientales, protección civil y unidades de emergencia. Todo ello es imprescindible.
El problema es pensar que la política contra los incendios comienza cuando aparece la primera llama.
La prevención necesita trabajo durante todo el año: limpieza y gestión del monte, tratamientos selvícolas, mantenimiento de pistas y cortafuegos, puntos de agua, vigilancia, planificación, formación y conocimiento permanente del territorio.
Y todas esas tareas tienen algo en común: necesitan personas que las realicen.
Por eso resulta contradictorio reclamar una respuesta inmediata y eficaz durante una emergencia mientras se mantienen plantillas insuficientes, temporalidad, falta de cobertura de bajas o carencias materiales durante el resto del año.
La prevención no puede ser una campaña de verano.
Bomberos forestales: esenciales cuando arde el monte y también cuando no arde
La Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, reconoce el marco estatal de una profesión directamente vinculada a la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. La propia legislación parte de la necesidad de profesionalizar y coordinar mejor estos servicios.
Sin embargo, la actualidad de estas últimas semanas demuestra que todavía queda camino por recorrer.
En Aragón, más de 800 bomberos forestales fueron llamados a una huelga indefinida desde el 18 de agosto, reclamando, entre otras cuestiones, un refuerzo de unas 200 personas en la plantilla y denunciando una carga de trabajo cada vez mayor.
En Andalucía también se han producido denuncias sindicales por falta de efectivos, bajas sin cubrir, problemas en las torres de vigilancia y necesidad de renovar vehículos y equipos de protección.
Son conflictos diferentes, en territorios diferentes, pero plantean una misma pregunta:
¿Podemos exigir dispositivos de emergencia cada vez más eficaces sin garantizar antes unas condiciones laborales adecuadas a quienes los sostienen?
Desde Somos Sindicalistas creemos que no.
Más prevención significa también empleo estable
Existe además una cuestión que pocas veces ocupa los titulares.
Una política forestal preventiva no solo protege montes. También puede generar empleo estable y especializado en las zonas rurales.
Mantener brigadas y equipos durante todo el año permite realizar trabajos preventivos, conservar profesionales experimentados y mantener el conocimiento acumulado sobre el terreno.
Además, ayuda a fijar población y actividad económica precisamente en muchos de los territorios que después sufren con mayor intensidad las consecuencias de los incendios.
Cuando un gran fuego atraviesa una comarca no desaparecen únicamente árboles. Pueden desaparecer explotaciones agrícolas y ganaderas, pequeños negocios, alojamientos rurales, viviendas y puestos de trabajo.
Por eso la protección del monte también es una política laboral.
La seguridad de quienes nos protegen no puede ser secundaria
Un incendio forestal es un entorno de trabajo extremo.
Temperaturas elevadas, humo, esfuerzo físico continuado, maquinaria, cambios repentinos del viento, jornadas prolongadas y riesgo para la vida forman parte de una actividad en la que la prevención de riesgos laborales debe ocupar una posición central.
La normativa estatal aprobada en 2026 ya establece condiciones mínimas de seguridad para las dotaciones y los equipos de protección individual utilizados en la extinción de incendios forestales, precisamente en desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Pero disponer de una norma no es suficiente.
Hace falta que haya EPIs adecuados, vehículos seguros, comunicaciones fiables, formación, vigilancia de la salud, descansos suficientes y plantillas dimensionadas para que trabajar agotado no se convierta en parte habitual de la profesión.
La seguridad laboral también salva vidas.
Los incendios ya son también una cuestión de derechos laborales
La gravedad de los incendios de este verano ha llevado incluso a aprobar una regulación laboral extraordinaria.
El Real Decreto-ley 20/2026, de 29 de julio, establece medidas específicas para trabajadores afectados por incendios forestales en determinadas situaciones de emergencia y protección civil.
Entre otras circunstancias, contempla protección cuando una persona trabajadora no puede acceder a su vivienda tras una evacuación, necesita realizar labores relacionadas con la recuperación o acondicionamiento de su domicilio o debe asumir determinados cuidados familiares derivados directamente del incendio. En esos supuestos puede existir derecho a suspender el contrato y solicitar una prestación extraordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la norma.
La propia aprobación de estas medidas demuestra algo importante: los incendios forestales ya no pueden analizarse exclusivamente como una emergencia medioambiental. Sus consecuencias llegan directamente al empleo y a las relaciones laborales.
Apagar incendios es imprescindible. Evitarlos es mucho mejor
Cuando una emergencia está en marcha hay que movilizar todos los recursos necesarios.
Pero la verdadera política contra los incendios empieza muchos meses antes.
Empieza con montes gestionados, vigilancia, planificación y recursos suficientes. Y empieza, sobre todo, con trabajadores y trabajadoras que puedan desarrollar esa labor durante todo el año con estabilidad, formación, medios adecuados y unas condiciones acordes con la responsabilidad que asumen.
No podemos acordarnos de los bomberos forestales únicamente cuando las llamas aparecen en televisión.
Ni exigirles heroicidad para compensar aquello que debería haberse resuelto con organización, inversión y prevención.
Desde Somos Sindicalistas defendemos que proteger nuestros montes exige también proteger el empleo y los derechos de quienes trabajan sobre el terreno.
Porque detrás de cada dispositivo, cada vehículo y cada operativo hay trabajadores y trabajadoras.
Sin prevención no hay seguridad.
Sin condiciones laborales dignas no existe una prevención eficaz.
Y proteger a quienes nos protegen debe ser una prioridad durante los 365 días del año.